Beneficios de un enfoque de la educación superior basado en los derechos
El evento, de un día de duración, celebrado el 17 de noviembre, con el apoyo de University World News, es la mayor ocasión de colaboración centrada en el acceso equitativo a la educación y el éxito en el mundo.
En concreto, la conferencia en línea, titulada “Equidad en la educación superior: construyendo la base del conocimiento global”, contó con la participación del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y de panelistas que debatieron sobre el acceso y la importancia de un enfoque basado en los derechos.
El Dr. Abdoulaye Salifou, jefe de la Sección de Educación de la UNESCO en Addis Abeba (Etiopía), contextualizó la reunión citando el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece que la educación equitativa de calidad y las oportunidades a lo largo de toda la vida son derechos para todos.
El significado de un enfoque basado en los derechos
Salifou dijo que en África el Banco Mundial ha puesto históricamente el acento en la educación primaria y secundaria y no ha prestado la misma atención o los mismos fondos a la educación superior. Salifou subrayó que un enfoque basado en los derechos permitiría dar mayor importancia a la educación superior. “Tenemos que reconocer el potencial de todos, reducir la desigualdad y ser inclusivos”, dijo.
Elizabeth Bernal Gamboa, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, añadió que cuando adoptamos un enfoque basado en los derechos nos vemos obligados a pensar de forma diferente. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, afectó a la gente en la educación de diferentes maneras, ya que algunos se conectaron, mientras que otros se vieron obligados a abandonar.
“No hay que centrarse sólo en las cuestiones de acceso”, argumentó, “sino en la retención y el éxito académico”.
“La educación superior ofrece oportunidades para que las personas adquieran competencias y contribuyan positivamente a la economía y a la comunidad”, afirmó Mirriam Chiyaba, directora general de la Autoridad de Cualificaciones de Zambia. “Si no adoptamos un enfoque basado en los derechos, negamos la contribución de las personas a la sociedad”.
La Dra. Rosana Heringer, profesora asociada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y miembro de la junta directiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE-Brasil), explicó que la pandemia había exacerbado las desigualdades en el acceso a la educación superior, y que la falta de inversión gubernamental significaba que los estudiantes de bajos ingresos y las minorías tenían ahora menos posibilidades de disfrutar de estas oportunidades.
“En México también hemos perdido muchos fondos gubernamentales”, dijo Jhasua Medina, vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara.
“Nuestra universidad tiene una alta matrícula y es una de las mejores del país, pero los estudiantes tienen que hacer campañas periódicas para solucionar las desigualdades básicas, como la forma de llevar a la gente a las escuelas”, dijo. “Hay mucha demanda de educación superior en México, pero si queremos que todos tengan acceso, necesitamos financiación”.
“El acceso es una parte fundamental del rompecabezas, pero el éxito académico y la formación postuniversitaria también forman parte de un enfoque basado en los derechos”, añadió la Dra. Emma Sabzalieva, jefa de investigación y prospectiva del IESALC de la UNESCO, que moderó el evento.
El hambre supera a la educación
Sabzalieva preguntó cuál es la mejor manera de hacer campaña por la educación superior, lo que generó una serie de respuestas.
Heringer y Medina insistieron en la necesidad de más recursos públicos, y Heringer dijo que las organizaciones de la sociedad civil deberían ejercer una mayor presión al respecto.
En Brasil, dijo, “los estudiantes a menudo no solicitan la educación superior porque no tienen información, así que si vamos a animar a los de las poblaciones indígenas y los barrios más pobres a solicitarla, necesitamos financiar campañas de información en esas comunidades”.
“Necesitan apoyo financiero, pero también un sentido de pertenencia”, continuó. “La educación superior es importante para que puedan luchar por sus derechos”.
Medina dijo que en la periferia de Guadalajara, en México, la situación económica de muchas familias hace que ni siquiera el acceso a la educación primaria esté garantizado.
“Los estudiantes suelen participar en actividades ilegales sólo para mantener a sus familias, o emigran a Estados Unidos. Su situación económica les impide terminar su formación, porque su prioridad es encontrar comida y refugio.”
“Las economías tienen dificultades y hay demandas que compiten entre sí, por lo que es un reto hacer hincapié en la educación como un derecho”, añadió Chiyaba. “Cuando el gobierno tiene que cubrir las necesidades básicas, antepone eso a la educación”.
Salifou introdujo otra perspectiva al destacar la importancia del aprendizaje permanente y, en particular, el papel de las instituciones de educación y formación técnica y profesional (EFTP). No deberíamos centrarnos únicamente en la transición de la escuela primaria a la secundaria y a la universidad, argumentó, sino en la educación a lo largo de toda la vida.
“Tenemos un elevado desempleo juvenil, y los estudiantes de EFTP también necesitan acceder a la educación técnica superior”, dijo.
Desafíos que compiten entre sí
“En África hay muchos desafíos que compiten entre sí, como la educación, el hambre y [la falta de] tecnologías de la información y la comunicación”, continuó Salifou. “Por eso tenemos que apoyar a la UNESCO para que haga más hincapié en el derecho a la educación superior”.
En cuanto a la innovación, Chiyaba destacó el hecho de que, aunque muchas universidades zambianas apenas alcanzan el punto de equilibrio, están adaptadas a los menos favorecidos. Para ello, ofrecen becas que complementan otras ayudas estatales.
En Colombia, por su parte, Bernal Gamboa destacó el beneficio de involucrar a un amplio abanico de actores para permitir el acceso de los grupos desfavorecidos.
“Tenemos la suerte de contar con un proyecto especial para personas con discapacidad”, dijo. “Trabajamos con organizaciones que apoyan a los estudiantes durante toda su carrera universitaria, y nos centramos en encontrar nuevos enfoques cada día”.
Sin embargo, uno de los mayores retos en Colombia es la necesidad de continuidad de la financiación cuando cambian los titulares del gobierno. Bernal Gamboa explicó que es frustrante cuando se recortan repentinamente proyectos importantes, y “a veces el resultado no se acerca a lo que se esperaba”.
La corrupción es otro problema. “Necesitamos gestores que se muevan por los derechos y el deseo de ampliar el acceso”, dijo.
“Aquí en Guadalajara [en México] a veces nos enfrentamos a gobiernos autoritarios, lo que hace imposible hablar de mayores infraestructuras para mejorar el acceso”, dijo Medina. “Por otro lado, algunas universidades temen la movilización de los estudiantes. Debería ser una prioridad que los estudiantes participaran en este tipo de debates, como el que estamos teniendo hoy”.
Heringer coincidió en que las universidades a veces temen la participación de los estudiantes. “También necesitamos foros dentro de las universidades para que los estudiantes puedan contribuir al plan de estudios”, dijo.
“En los últimos 20 años en Brasil, los estudiantes indígenas, por ejemplo, han cambiado el contenido de los cursos universitarios. Han aportado una perspectiva diferente y han demostrado que no hay una única comprensión de los problemas”.
Universidades “diseñadas para la élite”
En la conferencia se dijo que en Brasil el 75% de la oferta de educación superior la imparte el sector privado, frente a un 50% en países como Colombia y Chile.
El sistema de acreditación del sector privado suele estar orientado a los estudiantes de “alta calidad”, pero las instituciones también deben demostrar que están plenamente comprometidas con la igualdad. Para ello, es necesario desarrollar herramientas de medición, aunque en algunos países es difícil recoger estos datos.
“En América Latina, muchas personas son migrantes, víctimas de la violencia de género o de conflictos armados, y el sector privado tiene que ayudarnos a desarrollar marcadores para medir el acceso de estos grupos”, dijo Bernal Gamboa.
Sin embargo, Chiyaba subrayó que se necesitan asociaciones sólidas con las instituciones educativas privadas para producir una situación en la que todos salgan ganando. “Los gobiernos tienen que crear un entorno propicio para que el sector privado prospere”, dijo.
“Nuestras universidades deben asumir una mayor responsabilidad para ampliar el acceso, ya que en la mayoría de nuestros países fueron diseñadas para la élite”, dijo Heringer.
“El acceso a la educación superior debe considerarse un derecho, y no sólo un privilegio para unos pocos”, concluyó Chiyaba.
Autor: Paul Rigg
Lea el artículo original en inglés en University World News
Traducción libre al español
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